From: forum@forumenlinea.com
To: ;
Subject: Un lastre llamado López Obrador: Monreal. Legitimidad: Trejo D. Ilegitimidad perniciosa: Orozco. Moción de orden: Wonchee. La homeopatía contra el PRI no sirve: Ortega J. Muchachitos de porra
Date: Wed, 8 Aug 2012 07:12:17 -0500
Forum en Línea 247
Del 1 al 15 de agosto de 2012
Un lastre llamado López Obrador
Ricardo Monreal Ávila / Milenio Diario
rmonreal@senado.gob.mx Twitter: @ricardomonreala
Tienen razón quienes consideran a AMLO un lastre. "Piedra grande que se pone para equilibrar la nave… Juicio, piedra, madurez", son las definiciones de la RAE.
El diccionario de sinónimos de la misma Academia lo incluye en una macedonia de términos equivalentes. Contrapeso ("peso que hace equilibrio"). Sobrecarga ("Lo que se pone encima de una carga regular"). Freno ("Instrumento que sirve para gobernar y sujetar a los caballos. Sujeción para moderar las acciones"). Traba ("cualquier cosa que impide o molesta la fácil ejecución de una cosa").
En efecto, AMLO se ha convertido en un lastre o contrapeso para quienes, con apenas 19 millones de votos (obtenidos además de manera poco transparente), buscan imponer unilateralmente un programa de gobierno a 112 millones de mexicanos. Es un lastre o sobrecarga al proyecto político que busca comprar a billetazos la próxima Presidencia de México.
Ha sido, es y será un freno a todo intento de privatizar el petróleo, aumentar y generalizar el IVA (como está aconteciendo en España), y desmantelar la planta industrial nacional y la estructura laboral.
Y por supuesto, es un lastre o traba a quienes suponían que el regreso del PRI, con toda su gama de prácticas electorales irregulares, como el sufragio en efectivo, las despensas electrónicas, el doble financiamiento y la injerencia de gobernadores, sería un día de campo solariego, un trámite facilón y anecdótico.
Durante seis años, AMLO lastró también a la derecha gobernante y a su partido, el PAN. Es decir, fue un escollo, un impedimento, un inconveniente, una molestia, una piedra en el zapato y un obstáculo a todos y cada uno de los intentos por promover un bipartidismo de facto, relegar a las opciones de izquierda a una expresión marginal y, sobre todo, fue consistente en denunciar la estrategia genocida de seguridad del gobierno federal, la indebida utilización del Ejército como cuerpo policial, la creciente violación de los derechos humanos en la guerra fallida contra la delincuencia organizada, el incremento de 13 millones de nuevos pobres en un sexenio, el despilfarro de la burocracia dorada (mil funcionarios federales cuestan 2 mil millones de pesos anuales) y el desbordamiento de la corrupción.
¿AMLO es un lastre para la izquierda? Curioso fardo. Es el único candidato de la izquierda más votado en la historia de México: en la primera participación obtiene 15 millones de votos (2006) y en la segunda gana un millón 214 mil más votos (2012). Es el único liderazgo de izquierda que ha convertido en dos ocasiones a esta expresión política en segunda fuerza parlamentaria.
De los cuatro contendientes en la pasada elección, es el único que remonta un 42% de opiniones negativas y termina con un saldo positivo de 12%. Avanzó 54 puntos en un semestre. No se levantó del suelo, sino del subsuelo electoral. Fue el único que duplicó su preferencia en tres meses, de 16 a 32%; en cambio Peña Nieto pierde 6 puntos en 90 días, y Josefina Vázquez Mota desciende otros tantos. Fue capaz de desplazar y desbancar a la candidata del gobierno federal, enviándola a un tercer lugar. Y todo ello lo realizó con una campaña a ras de tierra, con el número de spots más reducido de los tres partidos grandes y con las chicas del coro (las encuestadoras) cantando al unísono "el desastre que viene"… y que nunca llegó.
Si para la izquierda López Obrador no fue un lastre, para el bolsillo de los ciudadanos, menos. Los 16 millones de votos de la coalición de izquierda tuvieron un costo real de $20.87 (estimando 334 millones de pesos de gasto total), mientras que los de Peña Nieto se fueron a las nubes: $184.21 cada uno (estimando una erogación de 3 mil 500 millones de pesos).
"Mal perdedor" llama el PRI a AMLO. Lo afirma un pésimo "ganador". Es decir, una organización que cambió la elección de Estado por la elección de establo; que sólo sabe de adhesiones, no de argumentaciones; de dominaciones, no de deliberaciones; de aclamaciones, no de discusiones; de cómo vencer, pero no convencer; en suma, de cómo pagar el sufragio en efectivo, y no de cómo respetar el sufragio efectivo.
De la inequidad, se transita ahora a la inquina. No reconocen siquiera el derecho a impugnar y la obligación de esperar el fallo de la autoridad electoral. Les urge imponerse por la vía de facto como la presidencia de la transformación, no de la regresión. No saben –porque no lo practican–, de pesos y contrapesos, de inconvenientes, de mesura, de impedimentos y de frenos. Sin embargo, no habrá de qué preocuparse. Para eso se mantendrá vigente (además de hacer avanzar a la izquierda) ese lastre llamado López Obrador.
Legitimidad
Raúl Trejo Delarbre / Sociedad y poder
trejoraul@gmail.com
Entre los descontentos con el resultado electoral se pone de moda una cómoda cantinela: Enrique Peña Nieto, dicen, podrá ser presidente legal pero no legítimo. En esa fórmula hay un avance respecto del desconocimiento tajante del proceso electoral que hace seis años dominaba entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y que hoy en día sostienen únicamente los más fanáticos. Reconocer que la elección ha sido legal, o que sus resultados lo serán una vez que el Tribunal Federal Electoral termine la revisión de ese proceso, implica admitir que las reglas se cumplieron razonablemente y sobre todo que la mayoría (aunque a algunos no nos guste) prefirió al candidato del PRI. La democracia está articulada por métodos para tomar decisiones en una sociedad diversa. Por eso jamás deja satisfechos a todos.
Algunos de esos contrariados se embarcan, entonces, en el tema de la legitimidad. Es un término equívoco, no tanto por su significado estricto sino por el empleo discrecional que suele hacerse de él. En rigor, una elección legítima es aquella que ha sido legal. Ambos vocablos son sinónimos. Legítimo, del latín "legitimus", es aquello que existe "conforme a las leyes", dice con claridad el diccionario. Pero en la discusión política se le añaden otras implicaciones.
A la legitimidad se la entiende, así, como la aceptación consciente que los ciudadanos le dispensan a un gobernante. Si el poder político implica el ejercicio de la fuerza, la legitimidad aprovisiona del consentimiento necesario para que el gobierno sea reconocido, y sus decisiones acatadas, más allá del temor a la coacción.
La discusión acerca de la legitimidad es de las más añejas en el campo de la ciencia política. Igual que otros conceptos, se le percibe de acuerdo con diversas épocas y circunstancias. En nuestros días, por lo general se reconoce que la legitimidad en las sociedades civilizadas no puede derivarse sino del sufragio. Giovanni Sartori recuerda que cuando se dice que "el poder es del pueblo", se vincula a la legitimidad con las fuentes originarias del poder: "Para este efecto, democracia quiere decir que el poder es legítimo sólo cuando su investidura viene de abajo, sólo si emana de la voluntad popular, lo cual significa, en concreto, si es y en cuanto libremente consentido" (¿Qué es la democracia? Taurus).
La legitimidad del próximo presidente de la república no puede depender sino de los votos. Allí se encuentra la única vía para que se exprese la voluntad popular. Los aplausos en las calles, las deliberaciones en los cafés o los artículos en la prensa expresan puntos de vista diversos pero no son fuentes suficientes de legitimidad. Tampoco la adhesión de las televisoras o las reconvenciones en las redes sociales digitales.
En la elección del 1 de julio cada ciudadano decidió, con libertad, quién era merecedor de su voto. Hubo quienes recibieron despensas o vales de supermercado, como resultado de acciones muy cuestionables de todos o casi todos los partidos. Si algunos de tales partidos gastaron más de lo que permite la ley, el IFE tiene recursos suficientes para indagar y sancionar tal conducta aunque esa no es causa para modificar el resultado de la elección.
Otros ciudadanos definieron su voto influidos por la promoción que durante varios años las televisoras privadas hicieron a favor de Enrique Peña Nieto. Ese respaldo fue abominable, pero no ilegal. El problema no es que las televisoras hayan tenido preferencias políticas, sino que acaparen tanta capacidad de influencia mediática. Se trata de un asunto muy grave pero su solución no depende de las reglas ni de las autoridades electorales.
La televisión y otros medios pueden contribuir a forjar la popularidad de un personaje político. Pero la legitimidad de un gobernante depende de los votos. Por eso se equivocan quienes afirman que Peña Nieto ganó de manera legal pero sin legitimidad. Si no estuviéramos ante un triunfo legítimo, sería preciso impugnarlo por las transgresiones legales que lo hubiesen propiciado.
Por supuesto las imputaciones de ilegitimidad afectan la capacidad de Peña Nieto para gobernar (claro, en caso de que el Trife ratifique el resultado de la elección). De ahí que entre sus primeras acciones, antes aún de ser declarado presidente electo, esté una breve pero sugerente agenda de reformas que incluye medidas para que haya fiscalización ciudadana a la propaganda oficial. El PRD y sus aliados que impugnan la elección, e incluso el PAN que manifestó sospechas sobre ella, enfrentan el dilema de contribuir a tales reformas o quedar entrampados en una discusión sobre votos que saben legalmente válidos y, por eso, legítimos.
Ilegitimidad perniciosa
Víctor Orozco
vorozco11@gmail.com
Tal vez la principal función de las instituciones públicas, es dotar de legitimidad a la autoridad. Sin ella, se puede ejercer el poder sobre los gobernados, por un tiempo limitado y sembrando terror, desconfianza, injusticias y trastocando a cada paso la convivencia entre civilizados. Un gobierno así, se constituye en una genuina tragedia para los pueblos que lo padecen. Por ello, en todos los regímenes presumiblemente democráticos, se ha instalado un complejo sistema de competencias, jurisdicciones e instancias que tiene como propósito filtrar varias veces una decisión oficial proveniente de un órgano legislativo, administrativo, judicial o electoral. El resultado final, se supone, debe ser nítidamente cristalino, por cuanto estaría libre de cualquier impureza de ilegalidad. Ésta es la hipótesis o premisa en la que se asienta el llamado estado de derecho.
Entre más se asciende en la jerarquía de las normas y de las autoridades, el principio expuesto adquiere mayor relevancia. Si bien al mismo se subordinan tanto la sentencia de un modesto juez de paz como la que dicta una corte suprema sobre un problema de constitucionalidad, ésta última afecta la vida colectiva e individual de todos los habitantes. Así acontece en la coyuntura presente: el máximo tribunal en asuntos electorales, debe resolver sobre la legalidad de la elección federal realizada el pasado 1 de julio. Los magistrados a quienes se ha confiado la última palabra en el ámbito de la ley, deben hacerse cargo de que cualquier mancha de ilegitimidad sobre los nuevos funcionarios investidos de poder, tendrá consecuencias funestas. Una primera es que agudizará la frustración de millones de mexicanos, especialmente de jóvenes, al advertir que la sociedad y sus instituciones son incapaces de abandonar este ciclo de gobiernos contaminados por la sospecha de fraude compartida por millones e impresa en su mismo origen.
Además de los enconos y divisiones que generará una sentencia dictada por complicidad con los beneficiarios de la violación a la ley, habrá otras resultantes ya experimentadas. De allí emanará un gobierno con escasa capacidad de interlocución con gobiernos extranjeros, vulnerable a las presiones, débil en la defensa de los intereses de toda la población, ya sea la avecindada en el territorio nacional o la formada por millones de mexicanos residentes fuera del mismo. Podrán llenarse informes y discursos a granel sobre realizaciones, venderse la imagen de eficacia, pero no podrán ocultarse la falta de gobernabilidad, los mayúsculos espacios sociales en los cuales no rige la ley, sino imperan los dictados de criminales o de quienes controlan las instancias oficiales a través del dinero. Así ha sucedido durante los años de la administración actual.
A la postre, los únicos que ganan con un gobierno tenido por ilegítimo en grandes franjas de la colectividad, son los poderes fácticos. La historia enseña que cada presidente de la república que ha asumido el poder mediante procedimientos con graves vicios jurídicos y políticos, ha buscado el apoyo de los grandes dueños del dinero, de la jerarquía eclesiástica, de los monopolios en las comunicaciones, a quienes ha cedido porciones de autoridad o hecho concesiones en extremos perjudiciales para el interés general. Con iguales objetivos, se han emprendido políticas aciagas para la población en la búsqueda de protagonismo y soporte popular. Tal es el caso de lo acontecido en 1988 con la administración de Carlos Salinas de Gortari y en 2006, con la de Felipe Calderón, si pensamos en dos experiencias de la etapa contemporánea.
Muy lejos de estos ejemplos, los mexicanos requerimos de un gobierno aceptado, imparcial, con el cual podamos disentir, pero al que asumamos como legítimo, encargado por el mandato popular y hasta las nuevas elecciones de gestionar los asuntos públicos.
Los cargos o acusaciones presentados en contra de quienes fraguaron y organizaron la campaña política de Enrique Peña Nieto, candidato declarado triunfador por el Instituto Federal Electoral, son de una enorme gravedad. El uso masivo de recursos públicos o privados para repartir bienes o dinero a los votantes, sobre todo a quienes sufren la pobreza, no debe ser validado por la justicia electoral. De hacerlo, las futuras elecciones se convertirán en un espectáculo de pan y circo, carentes en absoluto de credibilidad y los mexicanos estaremos cada vez más lejos de vivir en un sistema democrático en donde el poder se subordine a la voluntad ciudadana.
La corrupción institucionalizada de la vida pública será otra de las consecuencias. ¿Cómo acotar las potestades de los funcionarios? ¿Cómo colocar frenos a su prepotencia, al enriquecimiento ilícito con fondos del erario? ¿De dónde podrá salir la fuerza que impida a los altos y pequeños oficiales del gobierno disponer de los bosques, de las aguas, de los yacimientos minerales cómo si fueran patrimonio personal? ¿De dónde, si los títulos de su poder no se encuentran en los votos libres sino en los comprados? ¿Y entonces, para qué ir a las urnas?
Hasta ahora, connotados intelectuales y periodistas defensores de la presunta limpieza del proceso electoral, han optado por descalificar a los impugnadores, principalmente al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, antes que entrar al fondo del asunto. Un caso típico es el de Federico Reyes Heroles, para quien el tema no estriba en ocuparse de las imputaciones, revisar su procedencia y verosimilitud, sino en desacreditar al principal acusador: "El primer problema está en el necesario respaldo moral del demandante. Ladrón que acusa a ladrón no puede reclamarse como juez del pueblo". Cómo éstos he leído decenas de epítetos contra AMLO: fascista, hipócrita, dictador, corrupto, orate y un sinfín de etcéteras, a cual más hiriente en sus pretensiones. Se piensa, tal parece, que amontonando improperios se limpiará la elección. Cuesta trabajo incluso entender que ilustrados escritores (Héctor Aguilar Camín, Soledad Loaeza...) prefieran discutir sobre la personalidad y las reacciones del tabasqueño, cargándole las tintas desde luego. Pero y ¿la compra de los votos? ¿Se hizo o no se hizo? Y si fue así ¿en qué medida se afectan a los comicios y al presunto gobierno encabezado por EPN? ¿Hemos de conformarnos con una democracia de fachada?
En esta tesitura, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen sobre sus hombros una colosal responsabilidad. Cada palabra y cada concepto que usen en la sentencia definitiva sobre las recientes elecciones federales, en especial la de presidente de la república, será examinada por la historia. Pueden arrojar una losa sobre las esperanzas democratizadoras del pueblo mexicano o bien, abrir una puerta para que aquéllas se conviertan en realidades. Esperemos.
Moción de orden
Raúl Moreno Wonchee / La nave va / El Nuevo Mexicano
wonchee_r@yahoo.com.mx
Para medir el tamaño de la derrota que el pueblo mexicano le infirió a la derecha en las pasadas elecciones hay que oír al presidente Calderón: despojándose de su alta investidura le declaró la guerra al próximo gobierno.
En efecto, en vez de ordenar la casa, empaquetar sus triques y disponer lo necesario para la obligada mudanza, es decir, en lugar de cumplir con su deber de preparar la entrega –lo que no debe ser fácil-- del Poder Ejecutivo de la Unión a quien desde la oposición le ganó por amplísimo margen a su partido, ya anunció que para la próxima va a sacar al PRI de Los Pinos. Adelantó la suerte y como buen taurófilo ya sabe lo que suele suceder en tales casos.
Mientras tanto, que cuente y recuente porque los 6 millones y pico de votos con los que en la presidencial el tricolor aventajó al partido gobernante son muchos votos, por más que López Obrador ande diciendo que fueron votos comprados. Delirante, quizá involuntaria pero no sorpresiva, la solidaridad del exlegítimo con el exilegítimo que hoy los convierte en compañeros de viaje.
Pero por ahí ha de andar una lógica política que podría indicar el sentido profundo de los resultados del día 1: quienes obtuvieron, sumados, el 85 por ciento de los votos, deben asumir la responsabilidad que les asignó la decisión de los mexicanos en la urnas a favor de la soberanía y la prosperidad, para encontrar remedio a la pavorosa inseguridad, al estancamiento económico, a la parálisis política, al galopante deterioro social.
Que el lugar de los rijosos lo ocupen quienes pronto tendrán que responder al mandato popular y al compromiso institucional.
La homeopatía contra el PRI no sirve
Joel Ortega Juárez / Milenio Diario
joeloj7168@yahoo.com.mx
El PRI no es únicamente corrupción, compra de votos y todas las trampas conocidas y por conocer. Tampoco es sólo represión, crimen político e incluso genocidio.
El PRI es una manera de ser, una cultura, una ideología.
El PRI es un credo.
Ese credo llevó al país al borde del abismo. Partió de una acumulación capitalista basada en el uso del Estado. Utilizó una demagogia estatista y nacionalista. Con ello consiguió engañar a muchos durante décadas, incluyendo a las tendencias izquierdistas estatistas, antiimperialistas de todo tipo como el lombardismo, el cardenismo y su caricatura el echeverrismo originario y el tardío de una gran parte del PRD y sus aliados.
El sistema político, cultural, ideológico que construyó el PRI, y sus antecesores el PNR y el PRM, se basa en el control corporativo de la sociedad, a través de los sindicatos y también de las cámaras patronales. Sólo esos aparatos tienen la capacidad y potestad de "representar" a los asalariados y a los patrones. Ocurre lo mismo con otros sectores de la sociedad tanto en la ciudad como en el campo. Son esas camisas de fuerza las que hacen posible el voto corporativo que se obtiene mediante la coacción o la compra abierta de los votos. El PRI suplantó a la sociedad y anuló al ciudadano.
Por décadas en México no existieron elecciones ni poderes autónomos reales.
Las luchas sociales y civiles conquistaron muchos derechos, pero no han sido suficientes para desmantelar los aparatos de control del PRI, que en las recientes elecciones volvieron a funcionar.
Las fracturas en el PRI han sido muy importantes. La de 1988 con el FDN abrió una sangría permanente que continúa y se expresa a través del PRD, PT, el membrete de Dante Delgado, Morena y otros grupos sin franquicia que actúan en muchos sectores de la sociedad, entre ellos los universitarios.
La aportación de los priístas disidentes al cambio trajo consigo sus valores culturales, políticos e ideológicos, que se sintetizan en el llamado nacionalismo revolucionario.
Esa inmensa corriente ideológica y política considera que debemos regresar a la época anterior a 1983. Es decir, al periodo que incluye a los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Olvidan los estatistas del echeverrismo tardío la enorme desigualdad que existía, a pesar de los altos índices de crecimiento del PIB.
El país que se construyó a través de los "gobiernos revolucionarios" del PRI no se puede cambiar mediante la homeopatía del estatismo.
Muchachitos de porra
Juvenal González González / La Jornada Puebla
juvegogo@yahoo.com.mx
Toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio
del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana.
Ralph Waldo Emerson.
La irrupción estudiantil en el proceso electoral sorprendió a todo mundo. Por inesperada y vigorosa provocó reacciones precipitadas, más intuitivas que reflexivas. La más notoria, por sus efectos posteriores, provino del entorno del candidato Peña Nieto, al provocar el surgimiento del #Yo soy 132.
La autenticidad, ingenio y frescura mostrada por miles de muchachas y muchachos que desde las "redes sociales", asambleas, plantones y marchas, exigían ser tomados en cuenta como sujetos y no como objetos en un proceso que, de diversas maneras, será determinante en su futuro inmediato y, en muchos casos, en el resto de sus vidas.
Del pasmo, los medios de comunicación pasaron al elogio convenenciero y meloso, en vano afán por deslavar y banalizar el movimiento. En la medida que, tras largas discusiones, los jóvenes fueron definiendo objetivos y focalizando a sus adversarios, señaladamente el monopolio (Azcárraga y Salinas Pliego ya son socios) televisivo, las chicas del coro mediático han endurecido su trato con los jóvenes.
Así, aquellos chavos inquietos, sanos, entusiastas y participativos, se convirtieron de pronto en unos auténticos muchachitos de porra, desorientados, manipulados, provocadores y violentos.
En más de un sentido México sigue siendo un país colonizado, como lo evidencian sus usos y costumbres. El autoritarismo paternalista, por ejemplo, sigue tan campante. Mande usted, como usted diga, lo que usted mande, son expresiones usuales en el hogar y en el trabajo. Obedecer sin objetar está en los genes de la raza de bronce, por más que durante siglos se ha venido luchando, incluso con las armas, para romper ese atavismo.
Y cada vez que una persona, un grupo, un movimiento, se revela ante el abuso de autoridad, se niega a obedecer ciegamente o exige respeto a sus derechos, los que mandan y están acostumbrados a mandar se enojan y surge, inevitablemente, un conflicto ya sea chiquito o grandote, según el sapo.
Pese a la andanada de acusaciones, el hecho es que quienes se manifiestan en la calle, las redes y otros medios, junto con millones de mexicanos, incluidos el #Yo soy 132 y muchos panistas, lo único que exigen, de manera legal y pacífica, es que las autoridades correspondientes, a saber: IFE, TEPJF, FEPADE y PGR cumplan con sus obligaciones y desquiten los cuantiosos recursos que se chupan del presupuesto. Que investiguen a fondo todas las denuncias presentadas por los partidos, que informen de avances y resultados y, finalmente, que la calificación de la elección se sujete estrictamente al espíritu y la letra de la Constitución.
Pero temen, eso sí, que se salgan por peteneras y recurran a chicanas legaloides para justificar lo injustificable. Y ese temor no es infundado. Hay bibliotecas, hemerotecas y archivos atiborrados de malas experiencias sufridas por los mexicanos, algunas en tiempos bastante cercanos. Por ello, cuando las más altas autoridades, con los medios abriéndoles cancha, ya dan por buena la elección antes de calificarla, por supuesto que abonan a la desconfianza y la duda en la imparcialidad en la justicia.
Y a ello se agrega la labor de algunos medios y periodistas como Carmen Aristegui que, con escasos recursos humanos y técnicos, cada día dan cuenta de resultados que ponen en evidencia la incapacidad y tortuguismo de los enormes aparatos burocráticos encargados del caso.
A nadie conviene, ni siquiera al PRI y su candidato, que la calificación se haga sin haberse completado las investigaciones y esclarecido los hechos respecto a la danza de los millones cuyo origen y destino aún es incierto, pero que ya han tendido un velo inquietante de razonables dudas.
Y a propósito de velos, a partir del 27 de julio los juegos olímpicos atraparán la atención nacional y mundial. Será harto peligroso que las autoridades aprovechen la oscuridad, a la que están tan acostumbradas, para hacer de las suyas y vuelvan a enfrentar a los ciudadanos a una política de hechos consumados, a la que mi gran amigo Marcelino Perelló califica de "sucia, baja, inmoral e inaceptable".
Cheiser: La BBC reporta que "El interés por adquirir armas de fuego en el estado de Colorado, Estados Unidos, ha crecido considerablemente desde que un hombre asesinó a doce personas en un cine de Denver la semana pasada. Los dueños de armerías hablan de clientes haciendo cola antes de que las tiendas se abrieran el lunes. También han aumentado las solicitudes para tener entrenamiento en manejo de armas de fuego". ¿Usted entiende? Yo tampoco.
http://www.forumenlinea.com/portal/
http://www.forumenlinea.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56
No hay comentarios:
Publicar un comentario